ileon.com
| 18/03/2015
Empleados públicos de la institución piden a la Fiscalía que investigue si los diputados populares
han podido cometer prevaricación, falsificación de documento público,
malversación, fraude, tráfico de influencias y hasta coacciones y moobing
por su política "mafiosa" para beneficiar a tres funcionarios afines al
frente del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM), varios de ellos
miembros del PP. Se trata de una ofensiva judicial sin precedentes.
El
actual presidente, Emilio Orejas, se enfrenta a una denuncia sin
precedentes junto a todos sus compañeros del PP en el Palacio de los
Guzmanes. / Peio García / ICAL
La Fiscalía de León ha recibido una denuncia penal
presentada por funcionarios de la Diputación de León por la que se
atribuye a todo el equipo de gobierno del Partido Popular en la
institución, incluidos el actual presidente y el anterior, Emilio Orejas
y Marcos Martínez, respectivamente, los presuntos delitos de
prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude,
tráfico de influencias y coacciones.
Se trata de un proceso que podría sacudir a la cúpula del Gobierno popular
en la Diputación, a costa de las actuaciones que se han venido
realizando por la política de personal en el Servicio de Asistencia a
Municipios (SAM), en la que algunos empleados públicos han llegado a
defender ciertas irregularidades interponiendo hasta ahora 10
procesos contenciosos, que acabaron en sentencias que a juicio de los
denunciantes han sido sistemático desoídas por el PP tanto en Junta de
Gobierno como en Pleno.
La responsabilidad más
directa recaería en la diputada Mª Paz Díez, alcaldesa de Mansilla de
las Mulas, como responsable directa del área del SAM, Patrimonio y
Central de Compras, siempre según la documentación remitida a la
Fiscalía por los impulsores de la denuncia, pero también en el actual
presidente, Emilio Orejas, su antecesor, el hoy expulsado del PP Marcos
Martínez Barazón.
Del mismo modo, se incluye
a los vicepresidentes Francisco Lupicinio Rodrigo, José Antonio velasco
y Miguel Ángel del Egido, así como a los diputados Francisco Javier
García Álvarez, Teodoro Martínez, Raúl Valcarce, Mª Isabel Fresno y el
portavoz del grupo, Jaime González, como integrantes de la Junta de
Gobierno; así como José Manuel Blanco, Miguel Ángel Robla y Jose Manuel
Moro, por sus acuerdos en el Pleno. Solamente libraría Manuela García Robles, que sustituyó a Isabel Carrasco tras su asesinato.
Una lista interminable
Tal y como se relata en la
documentación, "la actuación de los diputados denunciados" consistió en
nombrar para los tres puestos de máxima responsabilidad del SAM (Jefe
del SAM, jefe de Sección-Coordinación de la Unidad de Asesoramiento y
arquitecto-coordinador técnico) "a tres funcionarios afines mediante
actuaciones de contínuo favorecimiento, incurriendo en ilícitos penales
como prevaricación, falsificación de documentos oficiales, tráfico de
influencias, fraude y malversación de caudales públicos, así como en
coacciones, acosando laboralmente a los aquí denunciantes por resultar
éstos un obstáculo para la consecución de sus fines".
A juicio de los impulsores
de la demanda, revisten especial gravedad y posible responsabilidad
penal la forma en la que el PP ha desoído las decisiones judiciales
ganadas en el ámbito contencioso, así como decisiones como seguir
pagando a personal designado en su día para responsabilizarse del
Servicio de Asistencia a Municipios, a pesar de
que los Tribunales anularan sistemáticamente sus nombramientos. En la
actuación concreta de Mª Paz Díez, se creen demostrados dos presuntos
delitos de falsedad documental.
La herencia mantenida de Carrasco
El caso proviene de la época de Isabel Carrasco y afecta a
las decisiones para 'beneficiar' presuntamente a tres funcionarios a los
que, siempre según la documentación que obra en la Fiscalía, los
responsables del PP facilitaban 'ascender' a los puestos de máxima
responsabilidad de este Servicio a través de comisiones de servicio que
se eternizaban en el tiempo, superando con creces presuntamente el
tiempo máximo que la legislación permite. Esta situación estaría
agrabada con el pago de "prebendas económicas ilegales", según abundan
en el escrito a la Fiscalía.
"Todo lo denunciado son claramente actos presuntamente mafiosos y, por ende, delictivos", finaliza el escrito.
Afiliados al PP
Este proceso habría culminado con la entrega
definitiva de estas plazas, proceso en el que entrarían en juego
posibles casos de falsificación en documento público, entre otros
presuntos delitos. Entre la abundante documentación aportada, los
denunciantes recuerdan que los funcionarios beneficiados por las
decisiones políticas del PP en la institución son Isabel Fernández
Pérez, afiliada al PP y "miembro de la ejecuta provincial"; Ana Belén
Cosmen García, igualmente militante del PP; y José María Alvado Martín.